India – El Estado indio ataca aldeas, hogares, escuelas y centros organizativos en Chhattisgarh

The burial of slain villagers

Nota: Este informe fue publicado en el blog Frontlines of Revolutionary Struggle http://revolutionaryfrontlines.wordpress.com/  y reproducido en el blog Maoist Road http://maoistroad.blogspot.com.es/  La traducción al español es responsabilidad de Gran Marcha Hacia el Comunismo. Marzo 2013.

EL ESTADO INDIO ATACA ALDEAS, HOGARES, ESCUELAS Y CENTROS ORGANIZATIVOS EN CHHATTISGARH

INFORME PRELIMINAR DE LA INVESTIGACIÓN EN EL DISTRITO DE BIJAPUR, CHHATTISGARH

UNIÓN DE ESTUDIANTES DEMÓCRATAS, UNIVERSIDAD DE DELHI

(Difundido en una Conferencia de Prensa en la Corporación de Prensa de Mujeres [la organización más importante de mujeres periodistas de la India] el 15 de marzo de 2013.

En las tres semanas desde mediados de enero hasta la primera semana de febrero, varias aldeas en el distrito de Bijapur de Chhattisgarh han experimentado el terror de las Fuerzas Armadas del Estado indio. Las CRPF (Fuerzas de Policía de la Reserva Central), policía estatal de Chhattisgarh , antigua SPO de Salwa Judum, junto con varios aparatos coercitivos del Estado, han orquestado una persecución sistemática de aldeas, quemaron cientos de casas, aparentemente de forma aleatoria, quemando además hasta las escuelas construidas por el pueblo, detuvieron a aldeanos, jóvenes y viejos, y los torturaron físicamente mientras quemaron sus casas. Las aldeas afectadas son Pidia, Tomnaka, Singham, Lingham, Komati, Tomudum y Kondapadu, y en cada una de ellas entre ocho y treinta casas fueron incendiadas por las Fuerzas Armadas. En el pueblo de Dodi-Tumnar, una escuela con instalaciones albergue para unos cien niños, tanto de niñas como niños, a cargo de la Sarkar Janatana, fue saqueada y luego quemada por las fuerzas invasoras en la última semana de enero. Dos batallones de aproximadamente mil miembros de la CRPF cada uno, además de los comandos Koya SPO, llegaron a la escuela del pueblo, a las 9.00h de ese día. Procedieron a destruir sistemáticamente la escuela después de disparar al aire dos veces. A pesar de que los estudiantes y el maestro huyeron al bosque, las Fuerzas Armadas capturaron a un anciano en su camino hacia el campo y le cortaron la mano con su propia hoz. A raíz de esto, las Fuerzas Armadas saquearon el almacén y la cocina de la escuela, envenenando el agua del pozo, y destruyeron el techo, las paredes y los muebles de la escuela antes de proceder a quemarla totalmente. Luego marcharon a la cercana aldea de Pidia. Este pueblo, que alberga aproximadamente 265 viviendas, fue testigo de primera mano de la crueldad con la que las Fuerzas Armadas quemaron las casas y medios de subsistencia de quienes defienden su derecho a la vida y a la libertad. Cerca de treinta casas fueron incendiadas sólo en una parte de este pueblo. Los restos carbonizados de las casas, establos, almacenes y utensilios pueden verse junto con botellas vacías de cerveza y otras bebidas alcohólicas. Está claro que este ataque planeado es parte de la rutina de la vida militar que participa en la destrucción gratuita y se divierte con la impunidad de que disfrutan.
Quemando escuelas y hogares, fuentes de subsistencia, saqueos y torturando físicamente a cientos de adivasis, el Estado trató de legitimar la violencia en nombre del “desarrollo”. Esta quema metódica de los hogares y las escuelas revela el carnaval de violencia ejercida por las Fuerzas Armadas de intimidar, maltratar y aplastar el espíritu de los habitantes de estas zonas sin preocuparse por las consecuencias. Los aldeanos se vieron obligados a permanecer en el bosque durante tres días mientras las Fuerzas Armadas acamparon en el pueblo, así como en las montañas que rodean el pueblo. Algunos jóvenes fueron detenidos por la fuerza de las armas y golpeados brutalmente. La mayoría de los hombres fueron puestos en libertad, mientras que uno permanece en la cárcel. Saquearon los medios de vida y sustento del pueblo. Antes de irse, quemaron las raciones sobrantes y suministros de los aldeanos a los que habían saqueado. Las huellas de la violencia que ha sufrido el pueblo se pueden ver en los restos carbonizados de viviendas, refugios y utensilios rotos y cercas. Aquí, es a la Sarkar Janatana a quien los aldeanos acuden en momentos como estos. Sarkar Janatana proporciona medicinas y alimentos a los aldeanos afectados. En la actualidad también está ayudando a reconstruir las casas quemadas. A pesar de que las estructuras desnudas de los hogares se están reconstruyendo pilar por pilar y ladrillo a ladrillo, el espíritu de resistencia es visible para todos.
El Estado indio orquesta estas operaciones en estados como Chhattisgarh, en nombre del “desarrollo” de la zona. Estas también se llevan a cabo como medidas para contrarrestar el auge de las fuerzas revolucionarias que han organizado a la gente a permanecer unidos contra esas formas de opresión. Estas fuerzas revolucionarias practican políticas que dan prioridad al desarrollo de las personas que viven aquí. En este sentido, el desarrollo no significa llenar las arcas del Estado. En estas políticas de desarrollo, la gente es la principal preocupación. Cuando las Fuerzas Armadas al servicio del Estado atacan a las personas, sus hogares, sus escuelas y sus medios de vida, se está atentando contra su derecho a la vida. Este derecho a la vida que debería ser el más fundamental y universal para todos en este país aparentemente democrático se les niega a los que han permanecido históricamente desfavorecidos y marginados de las preocupaciones del Estado. Hoy en día, el pueblo está pagando el precio por resistirse a la injusticia infligida al ser obligado a vivir sin ningún tipo de garantía de los derechos más básicos que este país concede a sus ciudadanos, perdiendo todos los medios de sustento, y lo más importante, pagándolo con su sangre.
En nombre del desarrollo del país, el Estado indio lanzó oficialmente en el año 2009 una operación en masa de saqueo de los recursos naturales mediante el desplazamiento de miles de comunidades que viven en los Estados de Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, Maharashtra, Andhra Pradesh y zonas de Bihar, Bengala Occidental y Karnataka. Esta “operación”, irónicamente llamada Operación Green Hunt (Cacería Verde) por los medios empresariales de comunicación, llevada a cabo por la Administración General del actual Estado, expropia la riqueza del país que por derecho le pertenece al pueblo en beneficio de las fuerzas imperialistas. Esta riqueza, en forma de recursos de tierra, agua y bosques, se vende a empresas multinacionales explotadoras y la burguesía compradora. A su vez, la resistencia del pueblo ha sido denominada como una “amenaza para la seguridad interna” por el actual Primer Ministro que expresa su lealtad al modelo de “desarrollo” que alimenta a estos tiburones empresariales Las fuerzas revolucionarias, junto con el pueblo de estas regiones, se esfuerzan por combatir esta guerra librada por el Estado indio contra su propio pueblo. En consonancia con el espíritu de resistencia contra la injusticia, el pueblo siempre se ha alzado contra las maquinaciones del Estado indio que incluso firma centenares de protocolos de acuerdo en los que vende los recursos de la tierra, minerales y forestales del país. El precio pagado por estas operaciones empresariales es la sangre de los que defienden su derecho a la vida, el sustento y la libertad contra el Estado indio opresor. Esta resistencia del pueblo representa un modelo alternativo para el desarrollo del pueblo, que tiene por objeto la colectivización de los recursos en oposición al modelo del Estado indio de desarrollo empresarial. Es este cambio revolucionario que el Estado indio pretende aplastar al llamarlo “terrorismo” y “amenaza a la seguridad interna».
Los programas de `limpieza´ auspiciados por el Estado, como las bandas de vigilantes armados de Salwa Judum, comenzaron sus operaciones en 2005. El Estado declaró oficialmente su programa de “cacería” en 2009. Esta cacería, desde su inicio, se tradujo en violencia a gran escala contra el pueblo. Es necesario reconocer la coincidencia entre la «cacería» oficial y la “limpieza” realizada por estos grupos de vigilancia financiados, impulsados y promovidos por el Estado para dividir a la gente en su seno al tiempo que se alzan contra las políticas antipopulares del Estado al reivindicar su derecho a la tierra, los recursos y medios de vida. A pesar de que los medios de comunicación presentan esta “operación” como parte de los esfuerzos para acabar con la “plaga Naxalita”, la forma misma que toma esta resistencia pone en cuestión dicha información. La resistencia tiene raíces entre el pueblo que se ha enfrentado a las peores atrocidades a manos de este Estado indio semicolonial. Estas personas no son simples víctimas de desplazamientos, privaciones y destrucción. Históricamente, estas formas de resistencia han echado raíces entre las personas que son conscientes de la violencia ejercida sobre ellos por fuerzas que expropian las tierras y los recursos para alimentar el pozo sin fondo de la codicia capitalista.
En nombre de la lucha contra los maoístas, las Fuerzas Armadas utilizan como campamentos los edificios de la escuelas públicas de la zona. Estas escuelas se convierten en centros desde los cuales las Fuerzas Armadas operan en la zona. Esto crea condiciones que hacen casi imposible el acceso a la educación para quienes viven en estos lugares. Esto ha afectado al derecho fundamental de la educación para toda la comunidad adivasi y específicamente para los niños de la región. Además, en las regiones donde estas instituciones gubernamentales no existen y son construidas por el propio pueblo, las Fuerzas Armadas atacan dichas escuelas, refugios, tanques de riego, pozos y servicios básicos de los que viven en estas zonas densamente boscosas. Se trata de acciones sin sentido de destrucción. Esto no es simplemente una cuestión de “orden público” o el control del Estado. Al atacar a los hogares, medios de subsistencia y las escuelas, las Fuerzas Armadas del Estado causan no sólo violencia física que se ha convertido en la norma en la región, sino que es parte de la violencia sistémica de privaciones, desplazamientos y destrucción. Esto pone al desnudo el “desarrollo” retórico del Estado como una farsa completa.
Las Fuerzas Armadas siguen cometiendo estas atrocidades con impunidad desplazando a las personas que viven en la zona para cumplir con la agenda del Estado de “desarrollo”, como se ve en los centenares de protocolos de acuerdo firmados con las corporaciones, organismos y empresas multinacionales. Esto despeja el camino para explotar las ricas tierras en recursos naturales, el agua, los minerales y los bosques. Esta violencia y explotación del pueblo y de sus recursos por parte de la maquinaria del Estado en nombre del desarrollo, y la lucha contra las fuerzas revolucionarias, ponen al descubierto la vinculación entre el Estado, las fuerzas coercitivas y las corporaciones que pretenden explotar la tierra y sus recursos. La víctima de este “modelo de desarrollo” ha sido la comunidad adivasi, ya que se le niega los derechos más básicos de educación, los medios de vida y la libertad. Esta forma de represión estatal contra el pueblo ha sido visible en el transcurso de la “Operación Cacería Verde” y visible en las políticas antipopulares adoptadas por el Estado. Debemos reconocer las atrocidades cometidas por el Estado, denunciar este vínculo de la explotación imperialista y estar junto a las personas que se han organizado contra el Estado en su intento de desplazarlos.
Estas personas han decidido luchar desarrollando escuelas, refugios, depósitos, pozos y servicios similares. Estas son formas cotidianas de resistencia que el Estado tiene como objetivo romper, quemando casas y escuelas y torturando a algunos físicamente mientras desata la violencia colectiva en las vidas del pueblo. El desarrollo colectivo del pueblo adoptado por aquellos que resisten el “modelo de desarrollo” del Estado, proporciona la alternativa revolucionaria a los designios imperialistas y feudales de las corporaciones y la burguesía compradora. A medida que el Estado comete estas atrocidades contra el pueblo diariamente y normaliza sus formas de violencia, el pueblo ha resistido de forma militante. A medida que el Estado habla el lenguaje imperialista de “libertad” y “desarrollo”, por un lado, y participa en la destrucción sin sentido de la vida, el sustento y la libertad de otros, él depende de nuestro silencio y el consentimiento implícito. Tenemos que romper este silencio y alzarnos contra la injusticia infligida a centenares de personas. Tenemos que estar junto a las masas en lucha, y los miles de personas desplazadas y privadas que han decidido contraatacar. Hoy, y todos los días por tanto, debemos condenar las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas del Estado contra los adivasis de Chhattisgarh y en otros lugares; exponer el vínculo entre el Estado, los intereses feudales terratenientes y las empresas en estas zonas ricas en recursos; reconocer que esta guerra contra el pueblo la están combatiendo aquellos que defienden sus derechos y contra el Estado indio en su esfuerzo por desplazar al pueblo para expropiar sus tierras, medios de vida y recursos para sus designios imperialistas.

Unión de Estudiantes Demócratas (DSU)
Contacto:dsuatdu@gmail.com

Nota – Las “Sarkars Janatana” son formas colectivas de organización política y económica de los adivasis (pueblos indígenas de la India) que se han organizado entre ellos bajo la dirección de los maoístas – Nota editorial de Frontlines)

 

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